Desde hace bastante tiempo se ha instalado el discurso de la seguridad ciudadana como una problematica social de primera importancia, llegando a ser el combate a la delincuencia como una de las mayores preocupaciones del ciudadano común.
Es cierto que es un deber del Estado velar por la seguridad y la propiedad de los ciudadanos, pero asi también debe asegurarse a todo imputado su derecho a un debido proceso, como también su derecho a que se le presuma inocente en tanto, luego de un juicio legalmente tramitado, se le declare culpable. Lo contrario supone pisotear el estado social y democrático de Derecho
domingo, 18 de noviembre de 2007
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